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Más de 330 trabajadores y trabajadoras de distintos dispositivos de atención a la primera infancia recibieron su diploma, en reconocimiento al esfuerzo, dedicación y compromiso asumidos durante el proceso formativo.
La jornada abrió con una mesa integrada por la presidenta de INAU, Dra. Claudia Romero; la directora general, Dra. Andrea Venosa; el director nacional de Educación del MEC, Prof. Gabriel Quirici; la directora del Programa Primera Infancia de INAU, Lic. Betina Alpuy; y la directora de CENFORES, Lic. y Ed. Soc. Macarena Noguera.
El cierre estuvo a cargo de integrantes del equipo docente, con una muestra musical y un mensaje dirigido a los protagonistas de la ceremonia.
Con más de 25 años de trayectoria, esta formación tiene como objetivo fortalecer las prácticas de educación y cuidado en la primera infancia. Está dirigida a quienes trabajan directamente con niños y niñas de 0 a 36 meses en los distintos dispositivos del sistema INAU en todo el país.
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El encuentro se desarrolla el jueves 4 y viernes 5 de junio en la ciudad italiana, y reúne a países comprometidos con una agenda prioritaria de prevención, protección y restitución de derechos frente a las distintas formas de violencia contra la infancia y la adolescencia. INAU participa con una delegación encabezada por su presidenta, Claudia Romero.
La designación de INAU como punto focal nacional implica articular la participación de Uruguay en la alianza, promover la coordinación entre instituciones y fortalecer una agenda pública centrada en los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La participación en esta red global parte de una convicción: proteger a niños, niñas y adolescentes requiere la articulación de familia, escuela, salud, justicia, sociedad civil y Estado. Llegar a tiempo es una responsabilidad colectiva.
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La medida busca abandonar el modelo de "puertas de entrada" únicas, donde toda la población adolescente ingresaba a un mismo centro con una distinción exclusivamente de género binaria, y reemplazarlo por un conjunto de servicios diferenciados según el perfil y las necesidades de cada adolescente.
El nuevo esquema se articula en cuatro proyectos complementarios. Tres de ellos son centros de gestión directa de INAU: uno dirigido a adolescentes de entre 13 y 17 años con bajos niveles de riesgo que adhieren a la medida de protección, que abrió sus puertas este martes 19 de mayo; otro orientado a adolescentes de 13 a 15 años para colaborar en los procesos de apoyo al ingreso; y un tercero dirigido a adolescentes de 16 a 18 años con el mismo objetivo. El cuarto es un centro por convenio, orientado a quienes presentan niveles medios y altos de riesgo psicosocial, con un perfil diseñado específicamente para esta población.
Entre las medidas que ya están en curso se destacan la desvinculación y el avance hacia el cuidado de base familiar y comunitaria, la modificación de los procesos de ingreso al sistema y la mejora de las capacidades de cuidado en la modalidad residencial de 24 horas. Algunas comenzarán a desplegarse en las próximas semanas y meses.
La nueva política comenzó a transformarse desde este martes. Se prevé que esté funcionando plenamente antes de agosto, cuando concluya el proceso de adecuación de los centros de gestión directa y se concreten los pasos administrativos para la adjudicación del centro por convenio.
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INAU y la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente suscribieron este miércoles 20 de mayo un convenio marco para investigar el origen y la identidad de las personas que estuvieron internadas en el ex Consejo del Niño entre 1968 y 1985. El acuerdo busca priorizar el derecho a la identidad, la reparación y las garantías de no repetición.
Tras la firma, la presidenta de INAU, Claudia Romero, destacó el carácter inédito del acuerdo, orientado a indagar en los "archivos de vida" de quienes transitaron por el organismo antecesor de la institución durante ese período.
"Es un convenio marco inédito en la historia de nuestro país", señaló Romero. La jerarca explicó que la iniciativa apunta a acompañar a las personas nacidas entre 1968 y 1985 que tengan dudas sobre su origen o que hayan visto vulnerados sus derechos durante la dictadura.
Según la presidenta, esos registros pueden aportar "cierta verdad que hasta el día de hoy permanece oculta". Por eso, indicó, el convenio contempla pautas de respeto y confidencialidad, además de la digitalización de las historias de vida para facilitar el acceso a la información.
El trabajo se desarrollará de forma articulada entre equipos técnicos de INAU, de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y del colectivo Proyecto Memorias Adolescentes de Terrorismo de Estado, integrado por personas que fueron presas políticas siendo adolescentes entre 1968 y 1985.
Romero recordó que esa agrupación había presentado una solicitud durante el período de gobierno anterior, de la que las autoridades actuales no tenían registro. La firma, sostuvo, inicia formalmente el camino para dar una respuesta.
La presidenta concluyó que encontrar la verdad constituye una forma de reparación que, aunque no sea absoluta, contribuye a sanar y a que el Estado asuma su responsabilidad frente a historias que no deben repetirse.
Foto portada: Presidencia de la República / Pablo La Rosa
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La firma se realizó en la sede del INAU, ubicada en Piedras 482, Montevideo.
Por MEVIR firmaron el presidente Dr. Andrés Lima y el secretario Dr. Federico de la Peña; por INAU, la presidenta Dra. Claudia Romero y el vicepresidente Mauricio Fuentes.
En virtud del convenio, MEVIR actuará por encargo del INAU en obras de distinto tipo —nuevas construcciones, mantenimiento preventivo y correctivo, acondicionamiento y rehabilitación— dentro del ámbito territorial planificado para el período. El INAU presentará un inventario de bienes inmuebles disponibles para que MEVIR evalúe su viabilidad.
Ambos organismos trabajarán además en la regularización de Centros de Atención a la Primera Infancia que funcionan en Salones Comunales propiedad de MEVIR, y el INAU podrá solicitar asistencia técnica profesional a la contraparte.
El acuerdo se inscribe en el Convenio Marco vigente entre ambas instituciones desde el 27 de febrero de 2020, orientado a articular políticas sociales de infancia y adolescencia con políticas de vivienda y empleo en el medio rural.
